El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha reunido con los operadores jurídicos de la provincia de Cádiz para analizar el funcionamiento de los tribunales de instancia en los diez partidos judiciales donde la reforma estatal entró en vigor el 1 de julio. Además, coordinará la implantación de la nueva estructura en la capital, Algeciras, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, prevista para el 31 de diciembre.
En esta reunión, se aprobó la creación de nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en estos cuatro partidos judiciales, incluyendo la creación de tres nuevas plazas genéricas, la transformación de cuatro en puestos especializados en violencia de género y 40 puestos de jefatura. Con estas incorporaciones, se suma a las 16 nuevas plazas y 16 puestos de jefatura creados en la primera fase, con una inversión en personal que supera el millón de euros.
Nieto agradeció la colaboración de los profesionales del sector judicial para llevar a cabo esta profunda transformación, impulsada por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, también señaló la dificultad que supuso la imposición de esta ley por parte del Gobierno de España, sin negociación ni acuerdo con las comunidades autónomas ni aportación económica.
En la provincia de Cádiz, la reforma implicó la transformación de 33 juzgados unipersonales en 10 tribunales de instancia, con secciones y servicios comunes que emplean a 315 funcionarios. La Consejería ha incrementado la plantilla en 16 plazas y creado 16 puestos de jefatura, con una inversión solo en personal de 743.311,95 euros.
Esta reforma ya está implantada en 73 de los 85 partidos judiciales andaluces, cumpliendo los plazos previstos. La tercera fase, que incluye la transformación en los cuatro partidos judiciales de Cádiz, estará lista el 31 de diciembre. En esta etapa, se crearán dos nuevas plazas en El Puerto de Santa María y una en el Registro Civil de Algeciras, junto con 40 puestos de jefatura repartidos entre varias localidades.
La ley también establece que las secciones de los tribunales de instancia especializadas en violencia sobre la mujer amplíen sus competencias para abarcar todos los delitos sexuales. Esto implicará la transformación de plazas genéricas en puestos de tramitadores especializados, con un coste solo en personal en la provincia de Cádiz de 266.011,06 euros.
En toda Andalucía, la reforma supone una inversión de 6 millones de euros para la Junta, con más de un millón destinado a la provincia de Cádiz. Se destaca la necesidad de adecuar las sedes al nuevo modelo de secciones y servicios comunes, con proyectos importantes en marcha para mejorar la infraestructura judicial en la región.
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