El proceso de liquidación de la fábrica de la marca Cartuja Pickman llega a su fin este jueves, con la expectativa de posibles ofertas para hacerse cargo de esta reconocida empresa sevillana. Tras la reducción a 20 días de plazo aprobada por el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla, tanto los trabajadores como la Junta muestran optimismo ante esta nueva etapa.
Según el secretario de la federación de Industria de CCOO-A, José Hurtado, se han mantenido contactos con varias empresas interesadas en la Unidad Productiva, y se espera que estas presenten ofertas en los próximos días. Este interés ha sido confirmado por fuentes de la Junta de Andalucía, quienes han destacado la importancia de que estas ofertas se concreten.
La empresa Ultralta solicitó su liquidación definitiva al Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla el pasado 9 de octubre, debido a la imposibilidad de cumplir con los acuerdos de pago. La fábrica se encuentra cerrada y los 34 trabajadores de La Cartuja Pickman están en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que finaliza el 31 de diciembre.
Según los datos presentados al Juzgado Mercantil, la empresa cuenta con activos por valor de 541.246 euros y más de 117.000 piezas en existencias. Se ha establecido que cualquier persona puede realizar ofertas por los bienes o derechos de la masa activa, siguiendo un proceso detallado por el Juzgado.
En caso de que las ofertas no alcancen el 75% del valor del activo, se convocará a una subasta para determinar la adjudicación de los activos. Este proceso se llevará a cabo de manera telemática y simultánea, garantizando la transparencia en las operaciones.
El Juzgado será el encargado de determinar la oferta definitiva, con la esperanza de que se mantenga el mayor número de trabajadores y la marca en Sevilla. En caso de no lograr una operación exitosa, se abrirá un periodo de liquidación por partes, lo que podría implicar la salida de la marca de la ciudad.
El Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación provincial han expresado su preocupación por la situación, destacando el reconocimiento nacional e internacional de la marca y la pérdida de empleo que representa su cierre. En paralelo, se han presentado denuncias por fraude a la autoridad judicial debido a pedidos no entregados tras la disolución de la empresa, lo que ha generado preocupación en la comunidad afectada.
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