La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía está culminando la implantación de la reforma judicial impuesta por el Gobierno con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta reforma entrará en vigor el 31 de diciembre en las ocho capitales de la región, así como en Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, y Motril (Granada).
José Antonio Nieto, consejero de Justicia, ha destacado en la Conferencia Sectorial la capacidad de Andalucía para asumir este «cambio profundo», siendo reconocida como una de las comunidades más adelantadas en la adaptación al modelo de tribunales de instancia. La región no ha solicitado un aplazamiento y se espera que para finales de año esté completada la tercera y última fase de la reforma, que afectará a 12 partidos judiciales y alrededor de 5.000 funcionarios.
En total, se espera que en un año sean 85 los partidos judiciales adecuados a la reforma estatal, con la reorganización de 9.000 funcionarios y una inversión de 56 millones de euros en Andalucía. La estructura de los juzgados unipersonales se transformará en tribunales de instancia, con nuevas secciones y servicios comunes que requerirán la creación de nuevos puestos de jefatura para su coordinación.
El Ministerio ha destacado que Andalucía ha logrado reducir significativamente la pendencia en los actos de comunicación y en la ejecución de sentencias, superando la media de las comunidades en ambos aspectos. Se han ampliado las plantillas con 12 nuevas plazas y se han creado 228 puestos de jefatura, así como transformado 24 puestos genéricos en especializados en Violencia sobre la Mujer.
La Consejería trabaja para que los tribunales de instancia estén operativos en toda Andalucía para finales de año, sin necesidad de solicitar un aplazamiento. Se ha acordado una interpretación flexible de la Ley que permite ajustes hasta el 21 de marzo, en espera de la aprobación de los reglamentos pendientes por el Consejo General del Poder Judicial.
A pesar de los avances, se ha expresado la necesidad de contar con más colaboración y recursos por parte del Ministerio, así como de mantener reuniones de coordinación más frecuentes en este año crucial para la Justicia en la región.
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