
La ciudad de Sevilla, liderada por el popular José Luis Sanz, está celebrando sesiones extraordinarias del gobierno y su Consejo Plenario para discutir el proyecto de ordenanza fiscal que regula la nueva tarifa para la prestación de servicios específicos de residuos y suelos para una economía circular promovida a nivel estatal. Esta ley estatal 7/2022 está derivada de una directiva europea.
En relación con esto, el 20 de enero, el Consejo Económico y Social de Sevilla (Cess) emitió una opinión sobre la Ordenanza, señalando que, dado que su tasa y correlación se basan en la recolección de residuos, no cumple con los objetivos de separación en origen de los desechos y el principio de «quien contamina paga» mencionados en la ley.
Según la opinión del Cess aprobada en la sesión extraordinaria del plenario el lunes, el tratamiento proporcional según el número de personas registradas en cada hogar no fomenta el esfuerzo de reciclaje, ya que el ciudadano pagará la misma cantidad independientemente de su esfuerzo por separar en origen.
La opinión también señaló que la fecha límite para el 30 de abril de 2025 para implementar esta nueva tarifa obliga al consejo local a evitar posibles sanciones europeas o la pérdida de acceso a fondos comunitarios. Sin embargo, el Cess criticó que la forma en que se ha configurado la tasa no cumple con los objetivos de la ley de residuos al no especificar los criterios utilizados para su impacto en diferentes tasas.
Separación en origen
El Cess enfatizó que, para cumplir con los objetivos de la ley de residuos, la población debe ser consciente de la separación en origen de los desechos y actuar contra el vandalismo.
También es importante analizar los costos reales que se financiarán con esta tarifa y exponer claramente cómo estos costos afectarán a cada tarifa. Se destacó la importancia de separar los costos calculados en la tarifa de recolección actual.
Además, el consejo sugirió analizar otras fuentes de financiamiento que permitan distribuir el costo del servicio de manera más equitativa entre los usuarios, además de considerar bonificaciones establecidas por la ley.
Según el Cess, la tarifa actual no tiene en cuenta los impuestos de las viviendas locales y desocupadas, por lo que puede ser necesario diferenciar parte de la tarifa para la disponibilidad del servicio y otra parte por la generación de residuos, siguiendo el principio de «quien contamina paga» requerido por la ley de residuos.
También se subrayó la necesidad de un proyecto que avance gradualmente hacia el objetivo de «pago por generación», de modo que la tarifa respete los principios establecidos en la ley.
«Derogación de la ley que resulta en una nueva tasa municipal»
En la sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre, el plenario de Sevilla aprobó una moción presentada por el PP, con la abstención de Vox y los votos a favor de PSOE y Podemos-IU. Esta moción instaba al gobierno central del PSOE a derogar la ley estatal 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, derivada de una directiva europea del 2018, que obliga a los municipios a implementar una tasa específica que cubra todos los costos del servicio de gestión de residuos.
La moción también pedía al gobierno central de Pedro Sánchez realizar un estudio detallado para definir los costos de los servicios en todos los municipios españoles y lanzar un plan nacional de infraestructuras para promover el ciclo integral de residuos, permitiendo un mayor reciclaje y una mayor eficacia en todos los municipios.
Durante el debate en el plenario, el PP aceptó una enmienda propuesta por el grupo socialista, criticando lo que consideraban una «hipocresía política» por parte del alcalde socialista Sonia Gaya, ya que en el Parlamento Europeo votó a favor de la directiva que dio origen a la ley, pero se abstuvo en el Congreso de los Diputados ante la regulación nacional y ahora pide su derogación. El consejero socialista defendió la importancia de aplicar en España una directiva que promueva una gestión adecuada de los residuos para proteger el medio ambiente, combatir el cambio climático y preservar la salud humana.