La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía, en colaboración con los sindicatos de Justicia, ha aprobado un protocolo pionero para proteger a las funcionarias judiciales que sean víctimas de violencia de género. Este protocolo, único en su tipo en ninguna otra comunidad, establece medidas como el traslado de estas trabajadoras por razones de seguridad, garantizando que no sufran pérdida económica y teniendo derecho al abono de gastos de desplazamiento para ellas y sus familiares, incluyendo mudanza de mobiliario y enseres, así como una indemnización por familiar trasladado. En Andalucía, donde el 70% de los casi 9.000 funcionarios de Justicia son mujeres, esta iniciativa es especialmente relevante.
Además, el protocolo equipara la movilidad de las víctimas de violencia de género a un traslado forzoso en términos de indemnizaciones, garantizando un puesto de igual nivel y categoría, e incluso creando una plaza en caso de necesidad. También contempla medidas para facilitar la recuperación de las víctimas, como la reducción de jornada con disminución proporcional de la retribución, flexibilidad en el horario laboral, reordenación del tiempo de trabajo, y justificación de ausencias por razones derivadas de la violencia sufrida.
Otro aspecto importante es el derecho a solicitar una excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos, con la reserva del puesto durante un periodo de seis meses prorrogable hasta 18, especialmente en casos donde las actuaciones judiciales así lo requieran. Se garantiza el pago íntegro de retribuciones durante los dos primeros meses, junto con prestaciones familiares y la posibilidad de participar en cursos de formación. En situaciones de incapacidad laboral por motivos de violencia de género, se percibirá el 100% del complemento de la prestación por incapacidad temporal desde el primer día de baja.
Este protocolo también establece la figura del Agente de Igualdad de la Administración de Justicia, encargado de recibir consultas, quejas y denuncias sobre violencia de género, acoso sexual y discriminación. Se promueven medidas de prevención y sensibilización, así como la difusión de campañas de igualdad y contra la violencia machista entre el personal de los juzgados.
En el marco del I Plan de Igualdad para el Personal de la Administración de Justicia en Andalucía, aprobado en marzo de 2024, se han implementado estas medidas que buscan garantizar la igualdad de acceso y promoción de las mujeres en el ámbito judicial. El plan incluye la reserva de puestos para interinas durante bajas maternales, el cómputo del tiempo de baja como trabajo efectivo, el pago de guardias durante bajas por maternidad y paternidad, y la promoción de la conciliación y corresponsabilidad a través de diversas medidas.
En definitiva, la lucha contra la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación por razón de sexo son pilares fundamentales en el I Plan de Igualdad de la Administración de Justicia en Andalucía, reflejados en este protocolo específico que marca un hito en la protección de las funcionarias judiciales víctimas de violencia de género.
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