La adquisición de bienes de segunda mano se ha convertido en una práctica cada vez más común entre los consumidores, ya sea en establecimientos especializados, comercios online o a través de transacciones entre particulares. Esta tendencia se ha popularizado tanto por el ahorro económico que representa como por el fomento de un consumo más sostenible.
Desde la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía se recuerda a los consumidores que tienen derechos amparados por la normativa vigente al adquirir productos de segunda mano. Una de las preocupaciones habituales en este tipo de transacciones es la garantía que respalda a estos bienes usados.
En el caso de la compraventa de productos de segunda mano entre una empresa y un particular, la normativa de consumo regula esta transacción. Se establece que tanto la empresa como el consumidor pueden pactar un plazo de garantía para el producto, el cual no podrá ser inferior a 1 año desde la entrega, a menos que ambas partes acuerden lo contrario. En ausencia de un acuerdo específico, se aplicaría el plazo general de 3 años de garantía establecido para productos nuevos.
Si el producto adquirido presenta defectos, el comprador tiene derecho a solicitar la reparación gratuita del mismo, incluyendo los gastos de envío, mano de obra y materiales necesarios. En caso de que la reparación no sea posible en un tiempo razonable, el consumidor puede exigir una rebaja en el precio o la resolución del contrato.
En el ámbito del comercio electrónico, los consumidores también tienen derecho de desistimiento para los productos de segunda mano. Esto les permite devolver el producto sin necesidad de justificación en un plazo de catorce días naturales desde la recepción del mismo.
Tanto los establecimientos físicos como los virtuales de segunda mano deben cumplir con ciertas obligaciones legales, como proporcionar etiquetado detallado, mostrar el precio final del producto e incluir los impuestos correspondientes, así como facilitar un comprobante de la transacción al consumidor.
En el caso de adquisiciones entre particulares, se aconseja solicitar los datos del vendedor, así como un documento que justifique la compra con el precio y la fecha de adquisición. En estas transacciones, el Código Civil regula los posibles reclamos por vicios ocultos en el producto durante un período de seis meses.
Es importante estar atentos a posibles señales de fraude al adquirir productos de segunda mano, como la aceptación únicamente de transferencias directas como método de pago o excusas relacionadas con la ubicación del vendedor en el extranjero.
En resumen, al adquirir bienes de segunda mano, tanto en establecimientos como entre particulares, es fundamental conocer los derechos y garantías que amparan a los consumidores, así como estar alerta ante posibles irregularidades en las transacciones para evitar posibles inconvenientes.
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