La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha defendido en el Parlamento andaluz el Proyecto de Ley de Montes de Andalucía, el cual ha superado el debate de totalidad. Este proyecto busca modernizar, simplificar y fortalecer la gestión forestal y la protección del patrimonio natural andaluz, con un amplio consenso logrado después de incorporar más del 70% de las alegaciones recibidas y un proceso de participación sin precedentes.
García destacó que este proyecto de ley surge de un trabajo colectivo prolongado en el tiempo, construido de manera participativa con diversas entidades y profesionales del sector forestal. Señaló que la normativa anterior, la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, se había quedado desfasada ante los cambios sociales, tecnológicos y ambientales de las últimas décadas, por lo que era necesario actualizarla para ofrecer claridad, coherencia y seguridad jurídica.
El Proyecto de Ley de Montes se ha construido sobre una amplia base participativa, con alrededor de 1.500 alegaciones de 90 entidades diferentes incorporadas, lo que refleja la diversidad de voces del sector forestal y del territorio andaluz. La ley consta de siete títulos, 144 artículos, seis disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y seis finales, ofreciendo un marco coherente que abarca diversos aspectos de la gestión forestal.
Entre las novedades más relevantes se encuentra el refuerzo de la colaboración con las entidades locales a través de convenios de gestión, la creación del Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, la sustitución del Catálogo de Montes de Andalucía por el Registro de Montes Públicos de Andalucía, y la incorporación de la figura del «monte protector» para los montes privados.
La ley también enfatiza la importancia de la gestión forestal sostenible, la promoción de la bioeconomía rural, la selvicultura preventiva, la restauración de zonas degradadas y la regulación de los servicios ambientales de los montes. Todo esto con el objetivo de fortalecer el papel del monte como una herramienta esencial para mitigar el cambio climático y gestionar sus impactos en el territorio andaluz.
En resumen, esta ley representa un compromiso colectivo con la tierra y los montes andaluces, buscando fortalecer la política forestal de la región. Catalina García invitó a los grupos parlamentarios a acompañar al Gobierno de Andalucía en este paso histórico, destacando que la ley seguirá abierta al diálogo durante su tramitación para construir una normativa sólida, duradera y compartida.
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