La Consejería de Turismo y Asuntos Exteriores de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz firmaron un acuerdo de colaboración para coordinar y fortalecer el control e intercambio de información sobre viviendas de uso turístico (VUT) ubicado en la capital.
El concejal Arturo Bernal y el alcalde de Cádiz, Bruno García, firmaron el documento, siendo el cuarto acuerdo de estas características en Andalucía, después de los de Sevilla, Málaga y Granada, en estrecha relación de colaboración entre las administraciones locales y la Junta de Andalucía. A la firma asistieron la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la representante de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona.
Con la firma de estos acuerdos se avanzará en el campo de la transparencia de datos, permitiendo nuevas incorporaciones, cambios de titularidad y bajas a través de un ágil sistema de intercambio de información. También se reforzará la colaboración en los controles de cumplimiento normativo para detectar infracciones urbanísticas o la falta de cualquier otro requisito sectorial.
El acuerdo tiene entre sus objetivos el intercambio de información para garantizar requisitos territoriales específicos y la compatibilidad urbanística, así como la comunicación de violaciones detectadas por el Ayuntamiento, mejorando la detección y actuación contra viviendas que operan clandestinamente.
Para el consejero, el acuerdo representa un compromiso con los residentes de velar por sus intereses y proteger sus derechos, asegurando que la actividad turística beneficie su bienestar y la sostenibilidad de las comunidades. «Queremos mitigar los posibles efectos no deseados del VUT en aquellos municipios que, según su modelo de ciudad, suponen un desequilibrio con el uso residencial o de vivienda», afirmó.
Por ello, la firma supone un refuerzo de la colaboración para lograr una mayor coordinación de actuaciones en el ámbito de la vivienda turística y facilitar el cumplimiento efectivo del decreto autonómico que permite a los ayuntamientos disponer de una base jurídica para desarrollar con seguridad jurídica y en su base habilidades de planificación urbana, las herramientas que quieren utilizar para organizar la oferta de viviendas de uso turístico.
Con esta firma – prosiguió el concejal – «seguimos ayudando a los municipios a regular la oferta, asegurando su calidad, mejorando la experiencia del cliente y protegiendo los intereses de residentes y turistas».
Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, destacó que este acuerdo «viene a formalizar por escrito lo que venimos haciendo desde hace meses con la Junta de Andalucía, y se trata de una estrecha colaboración para el control de las viviendas destinadas a uso turístico».
En consecuencia, el alcalde ha recordado que, desde la entrada del actual equipo de Gobierno en junio de 2023, se han producido 425 cancelaciones de viviendas turísticas en colaboración con el Consejo. Esto significó que, por primera vez desde 2016, el número de viviendas vacacionales disminuyó. De esta forma, 2024 acabó con 215 menos que los que había en 2023 y la cifra global también es inferior, pasando de 2.473 en junio de 2023 a los 2.423 actuales.
Bruno García asegura que desde el Ayuntamiento «somos y seremos restrictivos en materia de vivienda turística». En este sentido, recordó que otras medidas como sanciones de vivienda que opera violando las normas urbanísticas y la aplicación de la tarifa de agua comercial-industrial.
Respecto a la firma, Bruno García destacó que «para la ciudadanía es mucho más efectiva la colaboración que la confrontación».
Comisión de Seguimiento
El Acuerdo incluye la creación de una Comisión de Seguimiento formada por representantes de ambas administraciones para coordinar las actuaciones, así como velar por la correcta ejecución del Acuerdo, así como su seguimiento y evaluación.
Se formaliza así la coordinación entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, cuyos técnicos han trabajado codo a codo durante los últimos meses para lograr la aplicación más eficiente de la normativa autonómica y municipal y dar respuesta a nuevos retos del turismo local.
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