La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Andalucía, Rocío Blanco, y la fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, Ana Tárrago, han firmado un convenio de colaboración para mejorar la coordinación en la determinación de causas y responsabilidades ante incumplimientos de medidas de prevención de riesgos laborales que afecten a la salud de los trabajadores. Este acuerdo, con una duración de cuatro años, busca fortalecer la cooperación y el intercambio de información en casos de siniestros laborales con consecuencias graves, así como en situaciones de riesgo laboral con posible implicación penal.
Una de las principales acciones contempladas en este convenio es la comunicación ágil y recíproca sobre infracciones administrativas en materia de prevención de riesgos laborales que puedan derivar en responsabilidad penal. En ese sentido, la Consejería se compromete a informar al Ministerio Fiscal, en un plazo máximo de 24 a 48 horas, sobre accidentes de trabajo mortales notificados a través del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo. Además, se compartirán informes de investigación en casos de enfermedades profesionales causadas por incumplimientos de medidas preventivas.
Por su parte, el Ministerio Fiscal proporcionará a la Consejería información sobre investigaciones preprocesales en materia de siniestralidad laboral, así como documentación relevante sobre procedimientos judiciales. Asimismo, se mantendrá informada a la Consejería de las acciones realizadas en el ámbito de la siniestralidad laboral y se facilitará formación a los profesionales de ambas entidades.
Otro aspecto destacado de esta colaboración es la organización de las Jornadas Andaluzas Técnicas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que buscarán promover el intercambio de conocimientos entre miembros de la carrera fiscal, jueces, inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y personal de la Junta de Andalucía especializado en esta área.
En resumen, este convenio entre la Consejería de Empleo y la Fiscalía de Andalucía tiene como objetivo mejorar la prevención, investigación y actuación en casos de riesgos laborales, con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en la región.
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