La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado que la Junta de Andalucía estudiará jurídicamente si recurre el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros que establece la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. Según López, este decreto se ha aprobado «por imposición, sin diálogo y con una absoluta falta de transparencia».
Para la consejera, esta medida sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor capacidad ordinaria de acogida, lo que refleja, en sus palabras, que el Gobierno de España prioriza sus intereses sobre el bienestar de los menores, llegando al extremo de apilarlos en edificios.
«Andalucía es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero siempre preservando la atención y protección de los niños», enfatizó López, destacando que el Sistema de Protección de Menores en la región ya está saturado y que cada semana llegan más menores migrantes no acompañados que necesitan ser atendidos.
La consejera recordó el caso de 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha trasladado a Andalucía bajo la apariencia de mayoría de edad, y que están siendo atendidos por el Gobierno andaluz. Sin embargo, advirtió que este nuevo reparto impuesto por el Gobierno central colapsará el sistema andaluz, poniendo en riesgo tanto a los menores ya presentes como a los que pretendan trasladar.
López subrayó que para Andalucía siempre prevalecerá la defensa y protección del interés superior de los niños. Asimismo, resaltó la importancia de que el Ejecutivo central reconozca a Andalucía como Frontera Sur, una petición que, según criticó, se le niega continuamente a la comunidad a pesar de su ubicación geográfica a solo 14 kilómetros del continente africano, mientras se concede al País Vasco.
En conclusión, la consejera lamentó que el Gobierno central no esté asumiendo sus responsabilidades respecto a los más de 1.000 menores migrantes solicitantes de protección internacional que le reclama el Tribunal Supremo, escudándose en la falta de recursos, al tiempo que impone a las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes sin coordinación ni diálogo.
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