La Junta de Andalucía se encuentra en la etapa final del anteproyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía, con el objetivo de actualizar y modernizar el régimen jurídico del patrimonio de la comunidad después de cuatro décadas. Esta nueva ley tiene como propósito avanzar en la utilización y valorización de los distintos bienes y derechos patrimoniales, incorporando instrumentos jurídicos más modernos para facilitar una gestión eficaz y eficiente.
El anteproyecto ha sido remitido al Consejo Consultivo por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y se espera que la tramitación parlamentaria pueda comenzar en el próximo periodo de sesiones una vez sea aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno. Según la responsable andaluza de Economía, Carolina España, esta reforma representa un avance decisivo en la gestión del extenso patrimonio autonómico, adaptando la legislación vigente, que data de 1986, a las necesidades actuales.
La nueva normativa amplía la definición del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, incluyendo tanto bienes como derechos de titularidad de la Administración de la Junta y sus agencias. Además, establece un régimen sancionador específico para proteger el patrimonio autonómico, con el fin de prevenir posibles atentados y establecer responsabilidades claras.
Entre las novedades más destacadas se encuentran la introducción de mecanismos ágiles y efectivos para la gestión patrimonial, la eliminación de cargas administrativas innecesarias, la promoción de la coordinación entre administraciones, y la potenciación de la eficacia en la gestión de edificios administrativos y el parque móvil de la comunidad. Asimismo, se incorporarán herramientas digitales y se simplificarán procedimientos para maximizar los recursos disponibles y garantizar una gestión más ágil y coordinada en beneficio de los ciudadanos.
En aras de reforzar la transparencia, se creará la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, un portal digital que centralizará la información relacionada con operaciones y negocios jurídicos patrimoniales. También se incluirán proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, la consulta de interés de mercado, y criterios medioambientales en la gestión patrimonial, promoviendo la reutilización de bienes obsoletos y su cesión con fines sociales, educativos o medioambientales.
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