La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía ha aprobado las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) para los 12 partidos judiciales andaluces, en los cuales la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia entrará en vigor el 31 de diciembre. Esta medida incluye la creación de 12 nuevas plazas y 228 jefaturas, así como la reorganización de los efectivos para dotar a las secciones específicas de Violencia sobre la Mujer de 24 funcionarios adicionales debido a las nuevas competencias en delitos sexuales.
La inversión anual en materia de personal asciende a 1.412.262,30 euros, financiada únicamente por la Junta de Andalucía, ya que la ley impulsada por el Ministerio de Justicia carece de memoria económica. Esta reforma implica la reorganización de las plantillas judiciales para adaptarse al modelo organizativo de los tribunales de instancia, donde los funcionarios ahora trabajan para secciones específicas y servicios comunes de órganos colegiados con varios magistrados.
Para hacer frente a la mayor carga de trabajo en las secciones de Violencia sobre la Mujer, se convertirán 24 puestos genéricos del Cuerpo de Tramitación en puestos de tramitadores especializados, con un complemento específico. Además, se crearán nuevas plazas y secciones en distintas localidades andaluzas, como Almería, Cádiz, Algeciras, Jerez, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, El Puerto de Santa María y Motril.
En total, se prevé la creación de más de 20 plazas de magistrados de Violencia sobre la Mujer, dado el aumento de carga de trabajo que se espera. La Junta de Andalucía está asumiendo en solitario casi seis millones de euros en gastos de personal, además de invertir en equipos, sistemas informáticos, servicios de mediación y obras para adecuar espacios en los edificios judiciales.
El coste total de la reforma estatal para Andalucía se estima entre 54 y 56 millones de euros, según el consejero de Justicia, José Antonio Nieto. Se ha señalado la falta de apoyo técnico y económico del Ministerio de Justicia en la implementación de esta reforma, que debe completarse a final de año, con un calendario exigente y presupuestos ya aprobados para el año en curso.
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