En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, UGT Sevilla ha reclamado que se actualice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que Gobierno y agentes sociales llevan negociando desde hace más de un año.
«Los datos de siniestralidad muestran que es necesario cambiar, entre otras cosas, la organización preventiva en las empresas para que ésta esté realmente integrada en las mismas y se aborden de manera específica y pormenorizada los riesgos existentes en cada una de las empresas, así como dotar de una mayor autonomía a los delegados y delegadas de prevención para que pueden realizar con todas las garantías sus funciones», señala el sindicato.
Para el secretario de salud laboral de UGT Sevilla, José Armando Rodríguez Ardila, «los datos referidos a los accidentes laborales ponen de manifiesto que es urgente poner en marcha medidas que acaben con la siniestralidad y para ello, es necesario el compromiso de empresarios, administración y por supuesto de sindicatos. Los datos de Sevilla en 2024, y hasta la fecha en 2025, indican que caídas a distinto nivel, aplastamientos y accidentes de tráfico siguen siendo las causas principales de muerte en el trabajo».
«Precisamente el año 2025 evidencia el drama que suponen las muertes por accidente de tráfico, ya que suponen el 75% de los fallecimientos, con seis, además de dos atropellos mortales. Además, los datos de 2024 constatan que hay sectores donde la siniestralidad está más presente: Transporte y Almacenamiento, Construcción, Industria Manufacturera y el sector Agrario lideran esta estadística que supone mucho más que datos numéricos terribles», indica el portavoz sindical.
«Son tragedias que impactan a personas y sus familias y hacen necesario que desde los poderes públicos se deba considerar, no solo una mayor eficacia preventiva para reducir las muertes, sino adelantar la edad de jubilación de personas en sectores de gran riesgo», añade.
Por todo ello, desde UGT Sevilla se ve «más necesario que nunca que, de una vez por todas, la legislación preventiva dote a las personas trabajadoras de herramientas para una mayor protección frente a los riesgos laborales, no solo físicos sino, también en lo referido a riesgos psicosociales, así como con perspectiva de edad y de género».
