Los aspirantes que han superado las pruebas para el ejercicio de la Abogacía en la segunda convocatoria de 2025 ya pueden descargar su título en la web de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. En total, se han expedido 146 títulos en Andalucía.
Para acceder al título, es necesario disponer de un certificado digital instalado y configurado en el navegador del equipo desde el que se realizará la descarga. En caso de detectar algún error de transcripción, se puede solicitar la subsanación de forma telemática a través del correo electrónico titulosabogados.ctrjal@juntadeandalucia.es.
El título está disponible para aquellos que han superado las pruebas celebradas el 13 de noviembre de 2025, convocadas por la Orden PJC/797/2025, de 21 de julio, y que hayan solicitado la expedición por parte de la comunidad autónoma andaluza.
En agosto pasado, la Junta emitió 572 títulos para el ejercicio de la Abogacía a los aspirantes que superaron la primera convocatoria de 2025, cuyo examen se llevó a cabo el 12 de junio. Las pruebas se realizan de forma online de manera sincronizada en todo el país a través de la plataforma AvEX de la UNED.
Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, sobre el acceso al ejercicio de la Abogacía y la Procura, los profesionales deben superar esta prueba de aptitud como requisito previo. Se trata de un examen para comprobar que los aspirantes cuentan con la formación práctica suficiente, así como el conocimiento adecuado de las normas deontológicas y profesionales.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha felicitado a los nuevos profesionales que se incorporan al ejercicio de la Abogacía en la comunidad. Los ha llamado a ser importantes aliados en el despliegue del Plan Estratégico de Justicia de Andalucía, con el objetivo de hacerla más ágil, moderna, cercana, digital, accesible, humana y sostenible. Todo esto en un contexto de importantes cambios legislativos, procesales y una nueva estructura y organización de los órganos judiciales con la Ley de Eficiencia, que ha sustituido los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, con secciones y servicios comunes.
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